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La Nación - sábado 31 -

El subisidio de $ 180 para niños del sector más vulenerable y la opinión del Director de Cáritas

Gabriel Castelli, Director de Cáritas Argentina - Si hay algo que nadie duda hoy, es que para combatir la pobreza es necesario empezar a diseñar una política social diferente y que pocas veces hubo un consenso tan grande entorno a una urgencia como ésta. Por eso, reconocer como sociedad que la pobreza y la exclusión es una tarea que requiere el esfuerzo de todos es un paso trascendente.

El anuncio realizado extiende el beneficio de la asignación familiar por hijo a una vasta parte de la sociedad que hoy no lo recibe: esencialmente los hijos de los trabajadores informales y de padres desocupados. Algunos estaban alcanzados por algún otro plan social, como el Familias, pero con asignaciones mensuales menores a los $ 180 anunciados.

Este beneficio alcanza a cerca de seis millones de menores de 18 años, dentro de los cuales se encuentra la población más vulnerable. Es una herramienta concreta y efectiva de lucha contra la indigencia.

Quedan muchos aspectos por conocer para poder formar una opinión acabada acerca del alcance de esta asignación. Entre otros: cómo se efectuará el registro, cómo se pagará, qué difusión tendrá la medida para que las poblaciones más alejadas puedan acceder a este derecho y muchos otros temas que serán objeto de análisis posterior. Cómo se piensa tener una declaración de ingresos de un trabajador informal, por qué no deberían también cumplir los requisitos de escolaridad y control sanitario quienes reciben el salario familiar, por qué no se han incluido embarazadas, qué tratamiento se les va a dar a los monotributistas, etc.

En la medida en que se reconozca la "universalidad", no debería haber obstáculos para incluir de manera efectiva y transparente a toda la población menor a los 18 años, al subsanar con el tiempo los errores que puedan derivarse de una implementación apresurada y poco planificada de esta asignación.

Una ley que refrende este derecho como política de Estado de largo plazo, consensuada y debatida por el Congreso, debería tener lugar en un futuro cercano. Es un paso necesario en la lucha contra la pobreza, pero es insuficiente. El déficit habitacional, la deserción escolar, el acceso a la salud pública, el trabajo informal son algunas de las tareas pendientes. Dios quiera que podamos anteponer el bien común a los intereses personales o partidarios para consensuar políticas de largo plazo que trasciendan el gobierno de turno, para poder soñar con un país más justo y equitativo.